"No a la impunidad, por la verdad y la justicia y la reparación", decía una manta que unos cien manifestantes colocaron en un portón de acceso a un estacionamiento de la Casa Presidencial, este de la ciudad. En el suelo un tosco ataúd de madera sin pintar simboliza la muerte de sus familiares.
"Queremos que se castigue a los culpables por acción u omisión, ya pasó un año de impunidad", expresó a la AFP Luis Euceda, fiscal del Comité de Familiares de Víctimas del Penal de Comayagua.
A la medianoche del 14 de febrero de 2012, un incendio en la prisión de Comayagua -90 km al norte de Tegucigalpa- se convirtió en un infierno para los 852 internos, muchos de los cuales murieron atrapados, calcinados o asfixiados por el humo.
Las llaves de las celdas se extraviaron o confundieron y la demora en abrirlas generó la muerte a la mayoría de recluidos en cinco de diez de ellas, diseñadas originalmente para albergar a 45 personas cada una, pero en las que se hallaban hasta 100 reos.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) estableció que el origen del fuego fue causado presuntamente por un cigarro, un encendedor o un fósforo.
"No creemos en ese informe. El Ministerio Público tomó testimonios de 250 (reos) sobrevivientes en los que está claro que hubo responsables, el director, el comandante de guardia y el llavero", sentenció el presidente del Comité, Geovani Vásquez.
Adelantó que el reclamo de indemnizaciones "pasará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque ya ha pasado un año y (en el gobierno) solo son mentiras de que nos van a indemnizar".
"Hay como 850 niños huérfanos, muchos de ellos no pudieron ir a la escuela por falta de capacidad económica" de las familias, denunció Euceda.
Según organismos de derechos humanos y entidades estatales de Honduras, las 24 cárceles del país enfrentan severos problemas de hacinamiento, porque fueron construidas para albergar a unos 8.000 presos, pero mantienen a unos 13.000, el 60% de ellos sin condena.
