La Asamblea, a la que asisten en Washington cancilleres del continente, busca cerrar un proceso de remodelación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que esta semana aprobó ya su propio proyecto de reforma, que entrará en vigor el 1 de agosto.
El borrador de resolución a debate "toma nota" de la reforma que la CIDH aprobó, lo que otorgaría un respaldo explícito de los Estados a ese trabajo de la Comisión como órgano autónomo.
Sin embargo, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, todos ellos miembros de la ALBA, propusieron prolongar el debate sobre la reforma con el argumento de que no hay consenso entre los países de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Dicha propuesta, a la que tuvo acceso Efe, pide dar un mandato al Consejo Permanente de la OEA "para que continúe el diálogo sobre el funcionamiento del SIDH (Sistema Interamericano de Derechos Humanos) y presente el resultado a la XLIV Asamblea General Ordinaria", que tendrá lugar en 2014.
El SIDH consiste principalmente en la Comisión y la CorteIDH, que juzga los casos tramitados ante la anterior.
Aunque la propuesta fija de plazo la XLIV Asamblea, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, aclaró después que es preciso seguir debatiendo sobre la reforma de la CIDH para tratar el tema "en la siguiente Asamblea General ordinaria en Guatemala (este año) o en algún otro momento".
Patiño se negó a apoyar un proyecto de resolución para cerrar el proceso de reforma de la CIDH y pidió más tiempo para afrontar "una Comisión en crisis", que a su juicio se ha dotado a sí misma de una independencia que no le corresponde.
"La Comisión fue creada por los Estados y se debe a los Estados. Y los Estados de la OEA no hemos decidido nunca que los comisionados de la CIDH sean autónomos e independientes", sentenció.
Ecuador lidera el grupo que ha abierto el nuevo debate, centrado fundamentalmente en cómo financiar la Comisión y sus ocho relatorías.
Una de las propuestas de Ecuador es privar a la CIDH de fondos externos a los que le otorga el presupuesto regular de la OEA, de los que se beneficia fundamentalmente la Relatoría de Libertad de Expresión, que ha sido muy crítica con el Gobierno que preside Rafael Correa.
Mientras, el representante de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, subrayó que su país se declara "en rebeldía" contra un Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) "corrupto y pusilánime".
Chaderton propuso que se mude la sede de la CIDH "bien al sur del continente" y puso como ejemplo a Buenos Aires, aunque aseguró que "el escepticismo" de su Gobierno "es irreversible".
"El SIDH (...) hoy ampara a golpistas y terroristas de ultraderecha aunque de vez en cuando, y para compensar, abraza alguna que otra causa justa", dijo el venezolano.
Del otro lado, alineado con países como Colombia que apoyan el proceso de reforma aprobado por la propia CIDH, el Gobierno de Estados Unidos señaló que la propuesta liderada por Ecuador "viola el compromiso" de fortalecer a la Comisión.
"Hasta que financiemos completamente el Sistema (Interamericano de DDHH) con el presupuesto regular, es esencial mantener las reglas que permiten contribuciones y fondos (externos) para aspectos específicos de la Comisión", dijo el subsecretario de Estado de EEUU, William Burns.
En la misma línea, el canciller mexicano, José Antonio Meade, se mostró a favor de "culminar ya" el largo proceso y abogó por "alcanzar la universalidad del sistema", y que quienes no han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos "lo hagan" y quienes "la han denunciado se reintegren".
Meade anunci que varios países, entre ellos Argentina, México, Estados Unidos, Canadá y Chile, aumentarán sus contribuciones al SIDH.
De su lado, la coalición internacional de organizaciones de derechos humanos presente en la sede de la OEA aseguró que el proceso de reforma de la CIDH "no ha fortalecido" al organismo y pidió que acabe cuanto antes.
En declaraciones a Efe, el representante de Amnistía Internacional (AI) ante la OEA y la Naciones Unidas (ONU), Renzo Pomi, insistió en el desgaste que ha sufrido la Comisión a lo largo de estos casi dos años de debates y reclamó que las reformas que ya ha adoptado necesitan financiación adecuada.
En medio del debate, el secretario General de OEA, José Miguel Insulza, subrayó su intención de "mantener a toda costa la autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)".
